Procuraduría pide cárcel para los 7 políticos, por escándalo de Aida Merlano
Coincide en que pueden continuar “desplegando” su poder para elecciones locales de 2019.
El Delegado de la Procuraduría en el proceso que se sigue a siete políticos del Atlántico como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al elector solicitó y coadyuvó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra los dos exconcejales, dos diputados, dos exconcejales y una excandidata a la Cámara de Representantes.
Para el Procurador 207 judicial, David De Aguas, el MInisterio Público tiene la inferencia razonable de que la Casa Blanca “tiene enlaces con la Registraduría”, teniendo en cuenta el inicio en octubre del proceso de zonificación para las elecciones del año 2019.
Se alerta que “frente a la ausencia de Aida Merlano, los imputados probablemente son llamados a ocupar su lugar en los certámenes democráticos".
"Está vigente la estructura criminal en momentos en que se avecinan nuevas elecciones y pueden ponerla al servicio de los intereses políticos que la asisten afectando nuevamente la autonomía del electorado, poniendo en peligro los mecanismos de participación", dijo en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento el delegado de la Procuraduría.
Coincidió con la Fiscalía y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que procesan a Merlano en que si la detención en la cárcel para los políticos “es el medio idóneo” en aras de mantener la institucionalidad.
“La mejor opción es, acceder a la solicitud de medida de aseguramiento por ser idónea porque el poder económico y político de los imputados puede ser usado por ellos”, señaló.
Al final de la exposición de más cuatro horas, el delegado del MInisterio Público dijo que la solicitud de esa institución es “coadyuvar la solicitud que en tal sentido en lo que respecta a medida de aseguramiento consistente en establecimiento de reclusión efectuada por el representante del ente acusador".
La audiencia se suspendió después de iniciar la intervención de los abogados de la defensa.
Los imputados son los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora; los diputados Margarita Balen y Jorge Rangel, el exconcejal de Barranquilla Aissar Castro Reyes, el exconcejal de Soledad, Vicente Támara y la excandidata a la Cámara, Lilibeth Llinás.